Nueva Ley de Discapacidad

El 16 de diciembre, por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Éste era un avance normativo muy esperado, que viene a dar un salto cualitativo en la normativa vigente desde 1994, tanto por la multiplicidad de ámbitos de acción que impulsa como por el enfoque práctico y plazos perentorios que establece para que el país se adapte a las nuevas obligaciones destinadas a garantizar efectivamente los derechos de las personas con discapacidad.
Asegurar la igualdad de oportunidades supone cosas muy concretas, como eliminar barreras que dificultan el acceso al empleo o el uso de la infraestructura pública. También otras, como la entrega de subsidios especiales para adquirir y habilitar viviendas destinadas a las personas con discapacidad, o el fortalecimiento de las exenciones arancelarias que facilitan la importación de vehículos destinados especialmente a éstas.
Una de las ideas fuerza que está en la raíz de esta iniciativa legal es que los derechos humanos, iguales para todos, requieren para su vigencia real que se reconozcan las diferencias que impiden a las personas con discapacidad su pleno ejercicio y, sobre esa base, construir apoyos institucionales que nivelen las condiciones para garantizar igualdad de acceso, en sentido amplio, eliminando la discriminación por causa de discapacidad.

Desde el punto de vista práctico, en materia de accesibilidad, por ejemplo, la televisión abierta y por cable deberá contar con lengua de señas y subtitulado oculto opcional (Closed Caption). Esta exigencia también se aplicará a las campañas de servicio público, propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales.
Además, la ley establece que si una persona ciega informa a un establecimiento educacional o empresa que aplica mecanismos de selección sobre su condición, éstos deberán adecuar a su discapacidad dichos mecanismos, procedimientos y prácticas de selección, como aplicar una prueba en Braille o en forma oral.
Desde el punto de vista simbólico, quisiera destacar que la aprobación de esta ley significa un gran salto para nuestro país y para los dos millones de compatriotas discapacitados, en la perspectiva de convertirnos en una sociedad inclusiva, respetuosa de la diversidad, que acoge en igualdad de condiciones a todos sus habitantes. En una medida significativa, Chile se reencuentra con una parte de sí mismo, de su ser profundo, igualmente importante en dignidad y derechos, y con ello avanza en el camino de convertirse en un país desarrollado en el sentido multidimensional del término.

Paula Quintana Meléndez
Ministra de Planificación